La crisis de la vivienda en España se agrava día a día, y la población observa con creciente escepticismo las promesas políticas que, a menudo, parecen quedarse en el papel.

Una de las más sonadas fue el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de «habilitar unos 183.000 inmuebles para el alquiler asequible». Una cifra ambiciosa que, sin embargo, a día de hoy dista mucho de materializarse en soluciones reales y tangibles para miles de familias y jóvenes que luchan por encontrar un hogar digno a un precio razonable.

La estrategia, tal como se presentó, se basaba en la movilización de activos públicos, principalmente procedentes de la SAREB (por sus siglas Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), y en el impulso de la vivienda protegida. La idea de aprovechar un parque de inmuebles ya existente y ponerlo al servicio de la necesidad social sonaba plausible. No obstante, la realidad ha demostrado que la burocracia, la lentitud en la gestión y la falta de una hoja de ruta clara han convertido esta gran promesa en un lento goteo de viviendas que apenas araña la superficie del problema.

Se habló de colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas, de incentivar al sector privado, pero la ejecución de estas alianzas ha sido deficiente. La realidad es que los proyectos tardan en arrancar, los permisos se demoran y la prometida colaboración no se traduce en la agilidad que el mercado de la vivienda requiere con urgencia. Los ciudadanos no ven esos 183.000 inmuebles en sus barrios, ni perciben una bajada significativa en los precios del alquiler.

Mientras tanto, los precios siguen subiendo de forma imparable en muchas ciudades, la dificultad para acceder a la vivienda se convierte en un lastre para el desarrollo personal y profesional, y la frustración crece. La gran pregunta es: ¿dónde están esas viviendas? El anuncio fue contundente, la realidad es mucho más difusa. Lo que los ciudadanos necesitan no son grandes titulares, sino soluciones efectivas y rápidas que alivien una situación que muchos ya califican de emergencia social. La vivienda no es solo una cifra en un plan, es una necesidad básica y un derecho que, para muchos, sigue siendo una quimera.

 

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CRÉDITOS FOTO de ANTONIO HEREDIA (ElMundo)