El Ayuntamiento de Málaga prepara una medida urgente para detener la transformación masiva de bajos comerciales en viviendas, un fenómeno que amenaza con vaciar de comercio de proximidad barrios enteros de la ciudad.

Málaga vive una silenciosa revolución urbana que está cambiando la fisonomía de sus barrios. En los tres últimos ejercicios, más de 900 locales comerciales han sido transformados en aproximadamente 1.300 viviendas en la capital malagueña. Y la tendencia no frena: en lo que va de 2026, hasta el mes de abril, se han tramitado alrededor de 80 nuevos expedientes de cambio de uso.

Los números por años revelan la aceleración del fenómeno. En 2024 se concedieron en torno a 390 licencias de cambio de uso, que afectaron a unos 460 locales comerciales y permitieron generar más de 670 viviendas. En 2025, la Gerencia de Urbanismo autorizó la conversión de unos 320 locales, de los que resultaron más de 430 nuevas viviendas. Las operaciones no son siempre de pequeña escala: en la calle Domingo de Orueta, en Carretera de Cádiz, se aprobó el cambio de uso de 16 locales para la construcción de 20 viviendas.

Ante este escenario, el Consistorio trabaja en una medida urgente para impedir que los bajos comerciales sigan siendo reconvertidos con destino turístico. El objetivo es doble: preservar el tejido comercial de los barrios y evitar que estas viviendas en planta baja sirvan para esquivar las restricciones que el propio Ayuntamiento lleva meses aplicando al sector. La prohibición de nuevos pisos turísticos sin entrada independiente ha convertido los locales de planta baja en activos de enorme valor, disparando este tipo de operaciones inmobiliarias como vía alternativa.

El proceso afecta a toda la ciudad, con especial incidencia en barrios como Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero, Bailén-Miraflores o La Trinidad, donde ya se percibe una reducción visible del comercio de proximidad en determinadas calles. El Ayuntamiento reconoce abiertamente que analiza nuevas herramientas de intervención para preservar el equilibrio entre usos residenciales, comerciales y turísticos, en lo que sería un nuevo capítulo de la batalla municipal contra la turistificación de la ciudad.

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La crisis de la vivienda en España se agrava día a día, y la población observa con creciente escepticismo las promesas políticas que, a menudo, parecen quedarse en el papel.

Una de las más sonadas fue el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de «habilitar unos 183.000 inmuebles para el alquiler asequible». Una cifra ambiciosa que, sin embargo, a día de hoy dista mucho de materializarse en soluciones reales y tangibles para miles de familias y jóvenes que luchan por encontrar un hogar digno a un precio razonable.

La estrategia, tal como se presentó, se basaba en la movilización de activos públicos, principalmente procedentes de la SAREB (por sus siglas Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), y en el impulso de la vivienda protegida. La idea de aprovechar un parque de inmuebles ya existente y ponerlo al servicio de la necesidad social sonaba plausible. No obstante, la realidad ha demostrado que la burocracia, la lentitud en la gestión y la falta de una hoja de ruta clara han convertido esta gran promesa en un lento goteo de viviendas que apenas araña la superficie del problema.

Se habló de colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas, de incentivar al sector privado, pero la ejecución de estas alianzas ha sido deficiente. La realidad es que los proyectos tardan en arrancar, los permisos se demoran y la prometida colaboración no se traduce en la agilidad que el mercado de la vivienda requiere con urgencia. Los ciudadanos no ven esos 183.000 inmuebles en sus barrios, ni perciben una bajada significativa en los precios del alquiler.

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Mientras tanto, los precios siguen subiendo de forma imparable en muchas ciudades, la dificultad para acceder a la vivienda se convierte en un lastre para el desarrollo personal y profesional, y la frustración crece. La gran pregunta es: ¿dónde están esas viviendas? El anuncio fue contundente, la realidad es mucho más difusa. Lo que los ciudadanos necesitan no son grandes titulares, sino soluciones efectivas y rápidas que alivien una situación que muchos ya califican de emergencia social. La vivienda no es solo una cifra en un plan, es una necesidad básica y un derecho que, para muchos, sigue siendo una quimera.

 

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CRÉDITOS FOTO de ANTONIO HEREDIA (ElMundo)